Autor:
Julio Cáceres Rondón
El pasado martes 23 de junio de 2020 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres (MESECVI) emitió un comunicado en respaldo hacia la parlamentaria ecuatoriana Pamela Aguirre, víctima de violencia política por parte de la Oficina de la Representación del Parlamento Andino en Ecuador.
La
referida parlamentaria denunció haber sido “víctima de
violencia contra su calidad de mujer, madre y política en el seno del la
Oficina Nacional del Parlamento Andino. Negándole el periodo de maternidad, así
como su derecho a la lactancia”.
En
el documento emitido por el MESECVI, de acuerdo a lo establecido en
la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en la Vida Política, destaca lo siguiente:
En
primer lugar, se habría discriminado a la parlamentaria en el
ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo y
puerperio. En segundo lugar, se habrían restringido los derechos de la
parlamentaria al no otorgarle la licencia de maternidad y los permisos de lactancia.
En
tercer lugar, se habrían generado, en redes sociales, expresiones degradantes
contra la parlamentaria en ejercicio de sus funciones políticas. En cuarto
lugar, se habría limitado el uso de recursos inherentes al cargo político que
ocupa la parlamentaria, impidiendo el ejercicio de su cargo en condiciones
de igualdad.
Por
lo expuesto, el Comité de Expertas solicita, entre varios puntos, una
investigación exhaustiva sobre los hechos, que se revise el Reglamento General
del Parlamento Andino con la intención de asegurar el reconocimiento de los
derechos de las mujeres.
De
igual forma, reivindicar sus derechos durante el estado de
embarazo, parto, puerperio y lactancia. Asimismo insta a que se respeten los
derechos de la parlamentaria en condiciones de igualdad en relación a sus
homólogos parlamentarios.
Este
organismo realiza el seguimiento al cumplimiento de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, adoptada en 1994, que reconoció por primera vez que la violencia contra
las mujeres constituye una violación a los derechos humanos.
Este pronunciamiento refleja un precedente positivo para las parlamentarias de
la región, quienes en algún momento han sido víctimas de violencia política.
Este artículo fue publicado en elestado.net el 16 de septiembre de 2020
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