Durante el año 2020 el Gobierno venezolano estima que las sanciones de Estados Unidos en su contra han provocando un perjuicio financiero de más 116 mil millones de dólares. Estas acciones han sido apoyadas por la oposición liderada por Juan Guaidó en detrimento de los intereses del Estado Venezolano.
Mediante
su política exterior el presidente de los Estados Unidos (EEUU) Donald
Trump, ha aprovechado la contingencia sanitaria provocada por el
COVID-19 para profundizar las sanciones económicas y el bloqueo financiero
contra Venezuela, iniciadas por su predecesor Barack Obama.
En
respuesta a estos hechos, Venezuela introdujo una demanda ante
la Corte Penal Internacional (CPI) contra Estados Unidos por delitos de lesa
humanidad, ante las medidas coercitivas que atentan contra la estabilidad del
Estado venezolano.
Con
la cantidad de dinero desfalcado, el Gobierno de Venezuela podría
seguir impulsando la entrega de alimentos a las familias venezolanas a
través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), cada mes
durante 152 años consecutivos.
La
mayor parte del daño que producen las sanciones de los Estados
Unidos y de sus aliado inciden en los beneficios que en materia de vivienda que
promueve la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), para continuar dando
solución habitacional a millones de familias, con la construcción de 11
millones de viviendas adicionales a la meta de cinco millones, que actualmente
propone el Estado.
Los
antecedentes recientes de este contexto de sanciones, tienen su inicio el 8 de
marzo de 2015, cuando el expresidente estadounidense Barack Obama emitió
una orden Ejecutiva en la que se califica a Venezuela como una “amenaza
inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EE.UU”.
Al
firmar esa orden ejecutiva, el mandatario “obtiene ciertos poderes
excepcionales que le permiten, por ejemplo, imponer sanciones o congelar
ciertos bienes”, lo que sería aprovechado por el actual presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump, quien impuso medidas que inciden
en la banca privada de Venezuela, así como los mercados y otras instituciones
financieras internacionales, causando grandes estragos en la nación caribeña.
El
31 de julio de 2017, después de la jornada electoral para la votación de
la Asamblea Constituyente en Venezuela (ANC), el Gobierno estadounidense empleó
sanciones económicas al presidente Maduro como “escarmiento” por
no haber suspendido la convocatoria dichos comicios, tal como lo exigió Trump.
Para
octubre de 2017, el banco suizo UBS bloqueó el pago de
recursos destinados a la compra de vacunas, lo que retrasó cuatro meses los
programas de vacunación en Venezuela. Asimismo, durante este año la banca
internacional bloqueó el pago de ocho millones de euros destinados a la
adquisición de insumos para diálisis, lo que afectó el tratamiento 15.000
pacientes de hemodiálisis.
Ya
para el mes de noviembre de 2017, un total de 23 operaciones financieras de
Venezuela, destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos
por 39 millones de dólares, fueron devueltas por bancos internacionales.
Finalizando
el año 2017, en el mes de diciembre, se devolvieron operaciones desde bancos en
Europa por 29,7 millones de dólares hacia diferentes proveedores, cuyo destino
era el pago de alimentos a través del programa social de
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Igualmente, fueron
bloqueados pagos venezolanos del servicio de cabotaje para el transporte de
combustible, lo que originó escasez de este producto en varios estados del
país.
Seguidamente,
durante el mismo año un total de 19 cuentas bancarias de Venezuela en el
extranjero fueron cerradas por bancos estadounidenses,
impidiendo los pagos a los acreedores, al mismo tiempo que serían retenidos en
el extranjero 471.000 cauchos para vehículos comprados en el exterior, cuyos
pagos fueron realizados.
En
enero de 2018, 11 bonos de deuda venezolana y de PDVSA, por un
valor de 1.241 millones de dólares, no pudieron ser cancelados a sus
acreedores.
Para
el mes febrero de 2018, el Departamento del Tesoro de EE.UU, amplía las “sanciones” financieras
a Venezuela y empresas venezolanas, al igual que impide la renegociación o
reestructuración de deuda venezolana y de PDVSA, emitida con anterioridad al 25
de agosto de 2017.
Durante
el mes de marzo de 2018, la Administración Trump impuso seis nuevas medidas
coercitivas contra la criptomoneda Petro, mecanismo financiero
impulsado por el Gobierno de Venezuela para equilibrar la economía al prohibir
la reestructuración de la deuda e impedir la repatriación de los dividendos de
Citgo Petroleum, empresa del Estado venezolano. También prohibieron a cualquier
ciudadano o institución efectuar transacciones financieras con la criptomoneda
venezolana.
En
el mes mayo de 2018, el Gobierno colombiano bloquea el envío a Venezuela de
400.000 kilos de alimentos del programa CLAP.
Todas
estas pérdidas son fruto de las acciones promovidas por el diputado de la
Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, junto con el gobierno de Donald Trump, al
solicitar sanciones para Venezuela como medio para administrar grandes
cantidades de dinero provenientes de activos de Citgo y Monómeros, así
como el manejo de los fondos del extranjero destinados a supuestas ayudas
humanitarias.
Este artículo fue publicado en elestado.net el 16 de septiembre de 2020
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