Autor: Julio Cáceres Rondón
Tras la reelección del presidente Nicolás Maduro en la contienda electoral para el período 2019-2025, Estados Unidos (EEUU) emitió una orden con el fin de ampliar el bloqueo económico contra Venezuela, en la que prohíbe la compra de deuda y cuentas por pagar de empresas del Gobierno de Venezuela.
De
igual forma, impide toda clase de transacciones y operaciones relacionadas con
venta o transferencia como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de
cualquier participación en el capital de entidades en las cuales el Gobierno de
Venezuela tenga el cincuenta por ciento (50 por ciento) o más de propiedad,
ubicada en los Estados Unidos.
En
noviembre de 2018, los Estados Unidos prohíben a los ciudadanos estadounidenses
comerciar con oro exportado desde el país suramericano. Al año
siguiente, durante el 2019 el Banco de Inglaterra anunció la confiscación
ilegal de 1.359 millones de dólares en oro de Venezuela, depositados en dicha
institución bancaria.
Durante
el mes de enero de 2019, la Administración Trump aprueba nuevas sanciones contra
Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) que incluyen el congelamiento de 7.000
millones de dólares en activos de la empresa filial Citgo, en adición a una
pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los
próximos años.
Durante
el mes de abril de abril de 2019, el Departamento del Tesoro bloquea las
operaciones del Banco Central de Venezuela (BCV), específicamente sus cuentas
en dólares en el extranjero y el desenvolvimiento de la institución del sistema
financiero internacional con el fin de evitar que por la vía del BCV se
destinen los fondos para la compra de medicinas y alimentos necesarios para la
protección social de la población.
Para
agosto de 2019, Trump ordenó bloquear los activos de los entes oficiales del
Gobierno de Venezuela que estén en ese país. La decisión fue impuesta tras la
firma de una orden ejecutiva, misma que también prohíbe la
realización de transacciones con la nación suramericana.
En
enero de 2020 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Luis
Parra, diputado opositor venezolano elegido como presidente de la
Asamblea Nacional en lugar de Juan Guaidó.
Los
otros legisladores afectados por la medida son José Brito, Negal Morales,
Franklyn Duarte, José Gregorio Noriega, Conrado Pérez y Adolfo Superlano. La
directiva de la Asamblea Nacional encabezada por Guaidó ordenó una
investigación, pero Parra y el resto de implicados negaron toda culpa y retiraron su
apoyo al líder opositor.
Al
respecto, el 24 de marzo pasado, la alta comisionada de los Derechos Humanos
ante la ONU, Michelle Bachelet, llamó a que se suspendieran
o atenuaran las medidas unilaterales de los gobiernos, como las impuestas por
EE.UU. a Venezuela, Irán, Nicaragua y Cuba.
La
representante aseguró que ante las repercusiones negativas sobre el sector de
la salud y los derechos humanos, las sanciones que se aplican a países que se
enfrentan a la pandemia del nuevo coronavirus deberían ser
objeto de una reevaluación urgente.
El
pasado 1 de abril, el presidente estadounidense Donald Trump sorprendió
al mundo con una noticia, según sus palabras “Estados Unidos está lanzando
una operación antinarcóticos mejorada en el hemisferio occidental”,
anunció a la prensa en la Casa Blanca.
Según Washington,
ese “despliegue antinarcóticos” incluye más destructores de la Armada,
barcos de combate, aviones, helicópteros, guardacostas y aeronaves de
vigilancia de la Fuerza Aérea, con lo que se duplica las capacidades en la
región.
En
junio de 2020 la Unión Europea ha adopta un paquete de nuevas
sanciones que impone la congelación de activos y la prohibición de entrada a
suelo comunitario a once altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro, incluido
el presidente electo de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Parra según
consta en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La
cancillería de la República Bolivariana de Venezuela denunció que en medio de
la pandemia de la COVID-19 un total de 23 operaciones
financieras son devueltas por bancos internacionales a causa de las medidas
coercitivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos.
Según
detalla en su cuenta oficial de Twitter la instancia
gubernamental, Venezuela destinó unos 39 millones de dólares a la compra
de alimentos, insumos básicos y medicamentos que no se les permite
adquirir.
Este artículo fuepublicado en elestado.net el 16 de septiembre de 2020
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